La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido un informe alarmante sobre la intensificación de las operaciones militares israelíes en el norte de Cisjordania, destacando la violencia y el desplazamiento forzado de la población palestina.
Entre los principales puntos del informe se destacan los siguientes:
Desde el inicio de la operación militar el 21 de enero de 2025, las fuerzas de seguridad israelíes han asesinado a 44 palestinos en las gobernaciones de Yenín, Tulkarem y Tubas, así como en cuatro campamentos de refugiados de estas zonas. Muchas de las víctimas estaban desarmadas y no representaban una amenaza inminente.
Entre los muertos se encuentran cinco niños y dos mujeres. Entre estos casos, el de Sundus Shalabi, una mujer de 23 años, quienes fue asesinada junto con su hijo para nacer cuando intentaba huir del campamento de refugiados de Nur Shams.
Se han documentado múltiples ejecuciones extrajudiciales y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes en zonas donde no hay hostilidades activas.
La operación ha provocado un desplazamiento masivo sin precedentes en Cisjordania en décadas. Según la *UNRWA, cerca de 40.000 palestinos han sido desplazados hasta la fecha.
Testimonios recogidos por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU revelan un patrón en el cual residentes son obligados a abandonar sus hogares bajo amenaza de violencia, con francotiradores apostados en los techos y sus viviendas utilizadas como bases militares.
En los campamentos de refugiados, los habitantes han sido forzados a huir en condiciones extremas, con restricciones para llevar con ellos sus pertenencias y sin acceso a medicamentos esenciales.
Se han recibido evidencias de intentos de anexión de territorio, incluyendo la colocación de señales en hebreo en calles recientemente destruidas por bulldozers israelíes y declaraciones de funcionarios israelíes sobre la intención de vaciar la región de población palestina.
El informe concluye con múltiplos llamados y recomendaciones, entre ellas:
Se exige el cese inmediato de la violencia y del desplazamiento forzado de la población palestina.
Se reitera que la transferencia forzada y la deportación de personas en territorios ocupados constituyen crímenes según el derecho internacional.
Se solicita el retorno inmediato de los palestinos desplazados a sus hogares.
Se exhorta al hecho que se lleven a cabo investigaciones rápidas, efectivas y transparentes sobre cada muerte registrada y que los responsables sean llevados ante la justicia.
Se insta a Israel a cumplir con sus obligaciones legales internacionales, incluyendo el fin de su presencia ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados y la evacuación inmediata de los asentamientos en Cisjordania.
Como potencia ocupante, Israel tiene que garantizar la protección de la población palestina, el acceso a servicios básicos y el respeto a sus derechos fundamentales.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reitera su compromiso de continuar documentando y denunciando las violaciones de derechos humanos en Cisjordania y de trabajar con la comunidad internacional para garantizar la protección de la población palestina.
